El ministro de Gobierno, Jorge Gómez, salió este martes a responder la denuncia de diputados de la oposición por supuestas adjudicaciones irregulares de tierras fiscales en beneficio del actual administrador de Vialidad Provincial.

El funcionario aclaró que la adjudicación se produjo en julio de 2022, ordenada por un juez, cuando Omar Canela no era funcionario público.

La denuncia fue realizada por los diputados provinciales Mariela Quirós y Nicolás Slimel.

"La adjudicación fue ordenada por el juez en julio del 2022, y se notificó mediante oficio en septiembre de ese año, en un trámite de un sucesorio, a través de un oficio dirigido al entonces Instituto de Colonización", afirmó Gómez, quien además remarcó que "estamos hablando de un año antes de que Leandro Zdero ganara las elecciones a gobernador".

Asimismo, el ministro aclaró que la inscripción de las tierras a nombre de Omar Canela aún no fue efectivizada, y que Canata "no firmó absolutamente nada".

En esta línea, Jorge Gómez sostuvo que "los diputados de la oposición no pueden desconocer una información tan relevante como que la orden de adjudicación fue dada por un juez".

"Buscan equiparar a Canela con Tito López, que es el investigado por el fiscal Patricio Sabadini. Quieren hacer pensar que somos lo mismo, y no es así", afirmó el ministro.

En conferencia de prensa, Gómez indicó que en horas de la mañana, el gobierno hizo una presentación en la Fiscalía de Investigación Administrativa (FIA) con las pruebas que dan cuenta del error de la denuncia.

"Pediremos apurar los plazos para llevar claridad y demostrar que al denunciar no tuvieron cuenta la documental que está en el expediente", agregó.

A su turno, Omar Canela explicó que es nieto e hijo de productores ganaderos, y aseguró que la denuncia presentada por los diputados provinciales le tomó "por sorpresa".

Al mismo tiempo, el administrador de Vialidad Provincial aseguró que accionará judicialmente ya que la denuncia "genera un daño y un perjuicio moral" para su familia. "Es la primera vez que me sucede algo así", expresó.

Por su parte, el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez, sostuvo que se trata de "una decisión jurídica que el Instituto de Colonización no puede desconocerla" y que "los diputados no pueden contravenir una decisión judicial".

Por último, la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño, afirmó que la denuncia "son manotazos de ahogados" de la oposición, como "parte de la campaña electoral que tiene como fin ensuciar la gestión".

"Es triste que mientras ellos se ocupaban de repartir tierras a los piqueteros no cumplían con las órdenes judiciales", concluyó.