Juan Carlos Molina, un cura kirchnerista de la provincia de Santa Cruz que es primer candidato a diputado por este distrito, fue denunciado en la justicia federal por liderar una banda criminal dedicada a la "Trata de personas con fines de explotación", entre otros graves cargos.

Según la presentación de más 30 páginas, Molina y su organización trasladaban niños desde Chaco hacia Santa Cruz, inflando el número real de menores para cobrar fondos. En ese contexto, los acusadores denuncian que el cura manipulaba registros (con documentos adulterados) y operaba una red estructurada que funcionaba como una "asociación criminal".

Entre los cargos más severos se encuentran:

Trata de personas con fines de explotación (artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal, más Ley 26.842)

Falsificación de documentos públicos y privados (artículos 292 y 293 del Código Penal)

Asociación ilícita (art. 210 del Código Penal)

Defraudación a la administración pública (arts. 172 y 174 inc. 5 del Código Penal)

Desde estas fuentes se asegura que la denuncia no es genérica: contiene nombres, fechas, rutas de movilización y vínculos documentados entre los implicados. Juan Carlos Molina, de 58 años, lidera la lista de unidad del peronismo santacruceño como primer candidato a diputado nacional por el frente Fuerza Santacruceña. Su pasado político lo vincula directamente al kirchnerismo: fue jefe de la Sedronar entre 2013 y 2015, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

Además de su rol en programas sociales y adicciones (mediante la implementación de CePLA y Casas Educativas Terapéuticas), Molina es conocido por sus fuertes declaraciones, como cuando defendió la "no criminalización" del consumo de drogas o comparó en tono polémico a Pablo Escobar con un personaje tipo "Robin Hood".

También impulsó la Fundación Valdocco en Santa Cruz y otras provincias, con proyectos para niños y adolescentes vulnerables. Esa organización ya fue objeto de denuncias provinciales por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos, lo que derivó en causas en los juzgados provinciales de Caleta Olivia y Río Gallegos.

Fuente: Diario Chaco